“No es potable pero es bebible” es el mantra repetido por las autoridades al ser consultadas acerca de la calidad del agua en Montevideo y el área metropolitana, que desde abril vio aumentados sus niveles de sodio y cloruros como medida para paliar la crisis hídrica y evitar el desabastecimiento. Sin embargo, en un lapso de diez días, “vamos a estar en un escenario de empeoramiento”, aseguró el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, a la diaria.
El propio presidente Luis Lacalle Pou admitió este jueves que “si no llueve, va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible”, que será “el agua para lavar, para bañarse, para saneamiento”, pero no “para beber”, y, en definitiva, “la solución de fondo que tiene el Frente Amplio, que tiene el gobierno y que tiene todo el mundo es que llueva”.
La cronología es conocida. En el marco de la crisis hídrica más importante en siete décadas, se decretó primero una emergencia agropecuaria; en febrero, se restringió el uso de agua potable y el 26 de abril, se anunció el aumento de los valores de sodio y cloruro, que luego se repitió a principios de mayo. El 11 de ese mismo mes, OSE anunció la construcción de una represa en Paso Belastiquí, en la parte baja del río Santa Lucía, y casi cuarenta días después, el 19 de junio, se decretó finalmente la crisis hídrica, y el mismo Lacalle Pou anunció la construcción de un embalse en el río San José, más una serie de cañerías de 13 kilómetros y medio que llevarán el agua hasta Belastiquí para luego abastecer a la planta de Aguas Corrientes.
Según datos a los que accedió la diaria, las tuberías -importadas desde Brasil y Argentina- costaron 20 millones de dólares y la obra, unos 14.936.000 dólares, lo que suma aproximadamente 35 millones. Ahora bien, en el embalse de Belastiquí, se invirtieron 540.000 dólares; la captación en Belastaquí costó unos 710.000 dólares, mientras que los dos dragados realizados costaron 151.800 dólares el primero y 440.000 el segundo, un total de 1.841.000 dólares.
En total, casi 37 millones de dólares es lo invertido por el gobierno en infraestructura, y se estima que la inversión en medidas para la población más vulnerable sea de 12 millones de dólares mensuales, según anunció el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. A esto, además, hay que sumarle lo que se invierta en el Fondo de Emergencia Hídrica.
Hubo “decisiones políticas equivocadas”
Este monto se acerca a la mitad de lo que habría costado la represa de Casupá -80 millones de dólares-, cuya construcción estaba prevista para comienzo de 2021, pero que el gobierno decidió desestimar en pos de construir el Proyecto Arazatí. Si bien, en un ejercicio hipotético, Casupá no estaría lista a esta altura, sí “nos estaría dando al menos 10 millones de metros cúbicos hoy”, afirmó Ortuño. De acuerdo al cronograma previsto en el proyecto, en junio de 2021 se habría comenzado a construir, y entre julio y noviembre de 2022 comenzaría el llenado de emergencia.
Asimismo, de estas obras del gobierno “muchas de ellas tendrán que destruirse una vez pasada la sequía; son de tierra, sin enrocado ni material que lo haga duradero”, y tampoco consideró que vayan a estar listas en el plazo de 30 días, como estimó el presidente.
Si bien se “insiste en que la solución de fondo es Arazatí, no lo es, porque la planta que abastece en un 100% al área metropolitana es Aguas Corrientes, en tanto que Arazatí es una tercera parte de Aguas Corrientes”. A entender de Ortuño, “si vivimos de nuevo una situación como la actual, en la que Aguas Corrientes se quede sin agua dulce, no tendrá capacidad de dar agua potable a la población”, es decir, “habría prolongado las reservas pero no habría prevenido la situación de desabastecimiento”.
Para el director de OSE, “la situación actual es consecuencia de la situación climática”, pero también “de decisiones políticas equivocadas y de una gestión de la crisis con medidas tardías e insuficientes”, con un “error estratégico” que fue “interrumpir Casupá”.
“Se agotó [la represa de] Canelón Grande, de 10 millones de metros cúbicos, y se va a agotar Paso Severino: de los 67 millones nos queda 1.500.000, es decir que de 77 millones de metros cúbicos estamos cerca del agotamiento total”, insistió.
la diaria intentó comunicarse, sin éxito, con los restantes miembros del directorio de OSE y autoridades del Ministerio de Ambiente.